Síntesis de sesión
Congreso de Baja California: sesión del 24 de septiembre de 2026 combina nuevas propuestas regulatorias y reformas ya aprobadas
La síntesis legislativa del Congreso de Baja California del 24 de septiembre de 2026 muestra una agenda con impacto potencial para empresas, actividad inmobiliaria, seguridad privada, operación de negocios frente a extor
Redacción Legis BC ·
La síntesis legislativa del Congreso de Baja California del 24 de septiembre de 2026 muestra una agenda con impacto potencial para empresas, actividad inmobiliaria, seguridad privada, operación de negocios frente a extorsión e intervención de la vía pública, junto con reformas ya aprobadas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y normas constitucionales.[1][2][3][5] La fuente distingue con claridad entre iniciativas turnadas a comisiones, dictámenes aprobados, proposiciones y posicionamientos; por ello, no hay base en el documento para atribuir vigencia actual a ninguna medida ni para afirmar su entrada en vigor.[2][3][4][5]
Panorama general de la sesión
La síntesis reporta 17 iniciativas remitidas, 27 dictámenes discutidos, 17 proposiciones presentadas y 7 posicionamientos elaborados.[1] Entre los temas abordados se enlistan reformas sociales, derechos, seguridad, bienestar y regulación.[1] Para el sector empresarial, el foco principal está en cuatro iniciativas regulatorias y en varias reformas aprobadas vinculadas con fiscalización y responsabilidad hacendaria.[2][3][5]
Lo propuesto: cambios todavía en trámite
En materia inmobiliaria, se propuso “fortalecer y actualizar el marco jurídico” que regula a los agentes profesionales inmobiliarios en Baja California, mediante reformas y nuevas disposiciones a la ley correspondiente.[2] El objetivo declarado es contar con “una regulación más completa” para el desarrollo y ejercicio de esa actividad.[2] La iniciativa fue presentada por Jesús Daniel Razo Córdova y se turnó a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.[2] Al tratarse de una iniciativa turnada, la fuente no indica aprobación ni vigencia.[2]
También se propuso agilizar la autorización de servicios de seguridad privada, mediante reformas y adiciones a los artículos 70 y 71 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California.[2] La intención es “fortalecer la eficiencia del procedimiento” de autorización.[2] La presentó Bryan Manuel Castillo Trinidad y fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.[2] Para empresas de ese giro, el punto relevante es que se trata de una propuesta en comisión, no de una reforma aprobada.[2]
Una tercera iniciativa busca establecer disposiciones para atender la afectación del delito de extorsión sobre las actividades económicas y “favorecer la continuidad” de esas actividades mediante reformas a los artículos 29 y 33 de la ley estatal en la materia.[3] La presentó Santa Alejandrina Corral Quintero y se turnó a la Comisión de Justicia.[3] El documento no precisa mecanismos operativos ni efectos inmediatos, por lo que no es posible afirmar alcances concretos adicionales.[3]
Asimismo, se propuso regular las obras e instalaciones que intervienen la vía pública, para fortalecer reglas sobre autorización, supervisión y restitución cuando esos espacios resulten afectados.[3] La medida plantea reformas y adiciones a la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California y fue turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Movilidad, Comunicaciones y Transportes.[3]
Lo aprobado: fiscalización, rendición de cuentas y marco normativo
Entre los dictámenes aprobados, destaca una reforma en materia de fiscalización y responsabilidad hacendaria. La síntesis señala que se aprobaron reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, así como al artículo 103 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California y sus Municipios.[3] Las modificaciones abarcan disposiciones sobre fiscalización, rendición de cuentas y responsabilidad presupuestaria.[3]
De manera adicional, se aprobaron diversas modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, incluyendo adiciones, reformas a distintos artículos y la incorporación de un nuevo Título Cuarto BIS con el artículo 70 BIS.[5] La fuente no permite determinar, por sí sola, la relación exacta entre ambos dictámenes ni sus efectos prácticos para sujetos obligados.[3][5]
También se aprobaron reformas a los artículos 4 y 4 BIS de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Baja California.[5] En el plano constitucional, la síntesis reporta la aprobación de una reforma al artículo 11 y otra al artículo 7, apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.[5] Sin embargo, el documento no desarrolla el contenido material de esos cambios, por lo que no es posible valorar su impacto empresarial específico sin información adicional.[5]
Exhorto y presupuesto: señales, no cambios normativos
La sesión incluyó un exhorto al Instituto Estatal Electoral de Baja California para que continúe capacitando y sensibilizando a su personal y a participantes del proceso electoral local 2026-2027, a fin de garantizar el voto de personas con discapacidad y adultas mayores.[4] Además, se presentó un posicionamiento sobre la importancia de aumentar los recursos para salud en el Paquete Económico 2027.[4] Ninguno de estos puntos equivale, por sí mismo, a una reforma aprobada o a una asignación presupuestal definitiva.[4]
Temas: Reformas sociales, Derechos, Seguridad, Bienestar, Regulación